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Resulta que el próximo día 24 de abril el Parlamento Europeo votará la Propuesta de Directiva 2005/0127 COD relativa a las Medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, más conocida como IPRED2.

Ésta directiva propone, entre otras cosas, lo siguiente:

• La violación de derechos de propiedad intelectual, o la “incitación” a cometerla, podrán ser constitutiva de delito penal, sancionable con penas de cárcel, multas o decomiso de objetos, destrucción de bienes, prohibición permanente del ejercicio de actividades comerciales…
• La mera aceptación de la violación de un derecho (o incitación) puede ser considerado un delito penal.

El principal problema es que en el concepto de “violación de derechos de propiedad intelectual” no se están incluyendo únicamente los casos de redes de piratería instaladas en sótanos con decenas de “tostadoras” y miles de copias de Windows Vista. En este concepto se están enmarcando las prácticas más habituales de producción y distribución de software libre, el P2P e incluso prácticas de Copy-Left.

Concretamente, el artículo 3 de la Directiva propuesta dice:

Artículo 3
Infracciones

Los Estados miembros velarán por calificar de infracción penal toda infracción intencional de un derecho de propiedad intelectual cometida a una escala comercial, así como la tentativa de tal infracción, la complicidad y la instigación a tal infracción.

Como ejemplo de algunos de los posibles efectos dañinos de la Directiva propuesta sobre el Software Libre, cabe destacar:

• Fortalecimiento de las patentes de software a través de la inducción del miedo
• Daño a los modelos eficientes de producción y distribución de software
• Impulso al abuso comercial por parte de grandes compañías propietarias de patentes
• Hay desarrollos de software para los que no queda claro si se violan derechos (ej: P2P) por lo que los desarrolladores no producirán nada ante el temor de ir a la cárcel.

(fuente: IPRED2, por Ciaran O’Rioran).

Para mi sorpresa, a casi nadie parece importarle. Sólo el gobierno holandés ha manifestado convenientemente su posición en contra de la aprobación de este texto, que criminaliza la provisión y el uso libre de medios técnicos para la producción y el acceso a la cultura.

El pasado mes de marzo, se propusieron cambios a la norma con el objetivo de limitar la responsabilidad y las medidas sancionadoras derivadas de la violación de derechos de propiedad intelectual; pero el ponente encargado de introducir las enmiendas (Nicola Zingaretti) no incluyó ninguna que velase por la protección de las empresas y ciudadanos europeos.

El texto de la norma propuesta se puede encontrar aquí (pdf – 165 Kb).

La cosa es seria. Por ello, animo a firmar la petición que la Electronic Frontier Foundation trasladará al Parlamento Europeo para que se enmiende el texto propuesto.

Podéis firmar aquí.

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